Hormigón frío y vidas frágiles, el síntoma Maricarmen

Como arquitecta, paso el día bregando con planos, mediciones y normativas urbanísticas. Diseño espacios, calculo estructuras y visito obras donde el cemento y el acero pretenden levantar edificios sólidos. Sin embargo, hace mucho que entendí que la arquitectura no va de ladrillos, sino de personas. Y estos días, mirando lo que ocurre en las calles de nuestro país, siento que los cimientos de nuestra sociedad se están agrietando peligrosamente.

El caso de Maricarmen —una mujer de 87 años desahuciada del piso del madrileño barrio de Retiro donde había vivido durante décadas— no es una anécdota aislada ni un simple conflicto legal entre un propietario y una inquilina. Es el espejo más crudo y vergonzoso de un modelo de vivienda roto en España. Un sistema que ha olvidado que un hogar no es un activo financiero deshumanizado, ni un producto especulativo con el que jugar en la bolsa del suelo, sino el refugio básico donde una persona teje su existencia.

Desde mi despacho en la costa granadina, donde colaboro en proyectos de rehabilitación y veo a diario los estragos de la especulación, la turistificación y la carestía de los alquileres, asistimos indignados a este sinsentido. ¿Cómo hemos permitido llegar a un punto en el que se expulsa a los mayores de sus casas como si fueran piezas inservibles? Nos empeñamos en diseñar ciudades pensando en los coches, en la rentabilidad por metro cuadrado y en el asfalto, expulsando el pulso humano de los barrios tradicionales, y luego nos sorprendemos cuando el edificio social se derrumba.

Que haya tenido que producirse una conmoción nacional, con acampadas y una presión social asfixiante, para que se rectifique un desahucio inhumano demuestra que los mecanismos institucionales fallan estrepitosamente. Es una buena noticia que, al menos en este caso, la movilización y la solidaridad hayan obligado a recular. Pero no podemos depender de la épica del drama mediático para garantizar un derecho tan elemental.

Una vivienda digna no debería ser un privilegio al alcance de unos pocos ni una lotería sujeta a los vaivenes del mercado salvaje. Si los arquitectos dibujamos estructuras con coeficientes de seguridad para que los edificios no colapsen ante un terremoto, las administraciones tienen la obligación de blindar un marco legal y urbanístico que evite que las personas se queden a la intemperie. Porque de nada sirve levantar ciudades ultramodernas si permitimos que se nos muera el alma en el portal de casa.